Durante la marcha del 8M, la imagen de un sacerdote fue exhibida en un tendedero de denuncias, donde se le acusaba de cometer delitos de carácter sexual. Tras esto, se confirmó que había sido vinculado a proceso, aunque no está en prisión debido a que promovió un amparo, a pesar de que las acusaciones en su contra son consideradas graves.
El juez que lleva el caso le impuso medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse a firmar en el CERESO cada quince días, la prohibición de acercarse a menores de edad o a la vivienda de las víctimas, así como la restricción de salir del estado.
Se trata de Juan Antonio “N”, sacerdote que oficiaba misas en el Templo de San Martín de Porres, en Aguascalientes. La denuncia en su contra señala que se aprovechó de su posición para acercarse a dos menores de edad y abusar de la confianza que depositaron en él. A pesar de que la denuncia formal fue presentada hace 11 meses, no se había registrado ningún avance en el proceso hasta ahora. Fue gracias a la presión ejercida durante la manifestación feminista que finalmente se tomó acción legal en su contra, por lo que solo resta esperar la sentencia que determinará su responsabilidad.
